- Señalan un presunto despojo sistemático de predios que fueron incorporados de manera irregular al desarrollo turístico promovido por Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V., vinculado al proyecto Isla Blanca/Sunset World
Rafael Pascual
Un grupo de propietarios de terrenos ubicados en la zona de Isla Blanca solicitó la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, al denunciar un presunto despojo sistemático de predios que, aseguran, fueron incorporados de manera irregular al desarrollo turístico promovido por Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V., vinculado al proyecto Isla Blanca/Sunset World.
A través de un escrito dirigido a la titular del Ejecutivo estatal, Leticia Rubello, una de las primeras presidentas que tuvo el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) quien se identifica como heredera, apoderada y representante de diversos propietarios, afirmó que los terrenos en disputa cuentan con escrituras públicas, fideicomisos, registros oficiales y pagos catastrales vigentes que acreditan su legítima propiedad.
De acuerdo con la denuncia, los predios —entre ellos los lotes 139-C, 138-B, 139-A y 144 del predio Francisco Javier— habrían sido cercados, mientras que a sus propietarios se les habría impedido el acceso, pese a contar con documentación que respalda sus derechos.
En el documento también se señalan presuntas irregularidades, entre ellas cesiones de derechos sin legitimación, narrativas de supuesto abandono de los inmuebles, bloqueos institucionales bajo el argumento de sobreposición de predios y la incorporación de las tierras al desarrollo turístico.
Ante este escenario, los afectados solicitaron al Gobierno del Estado una revisión integral del caso, la coordinación entre el Registro Público de la Propiedad, Catastro y las autoridades de Desarrollo Urbano para determinar la titularidad de los terrenos, así como la restitución de la posesión a los propietarios legítimos y la investigación de las presuntas irregularidades.
Los denunciantes sostienen que el caso representa una oportunidad para fortalecer el estado de derecho y brindar certeza jurídica sobre la propiedad privada en Quintana Roo.
