- La terminación anticipada de la concesión del alumbrado público en Puerto Morelos, costaría al municipio en cálculos conservadores al menos 70.7 millones de pesos (mdp)
La penalización económica al gobierno de la alcaldesa Blanca Merari Tziu rebasa con facilidad el monto máximo para el proyecto de inversión de Asociación Público Privada (APP) autorizado originalmente en 45 mdp.
En las cláusulas del contrato CMPM/CON/APP/002/2021 suscrito por Laura Fernández Piña, en cuyo acuerdo mercantil tiene intereses su esposo Carlos Alberto Moyano, se blindó legalmente a la empresa adjudicada OFN Quintana Roo, S.A. de C.V.
En la rescisión del llamado ‘Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y Mejoramiento de la Calidad del Servicio de Alumbrado Público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas’ se prevén para el municipio obligaciones y pagos.
Pero igualmente penas convencionales y otros cálculos sobre financiamientos, montos de riesgo y valoración de equipamiento, obra e infraestructura instalada, ‘más los gastos y pérdidas que pueda sufrir el desarrollador’. En la autorización del Congreso del Estado se permitió al municipio (mediante la publicación del Decreto 104) suscribir un contrato con un tope máximo neto de 45 mdp para concesionar el servicio de alumbrado público que permitiera modernizar tres mil 578 luminarias y rehabilitar 67 circuitos.
La realidad es que la cifra contratada por la actual candidata a la gubernatura por la alianza ‘Va por Quintana Roo’ se disparó a 442 millones 656 mil pesos brutos, que se pagarían en 240 parcialidades mensuales, por un millón 590 mil pesos cada una (sin IVA). De acuerdo con la información disponible en el contrato, la penalización al municipio por terminar anticipadamente la APP implica el reembolso a la concesionaria del Monto Total de Inversión de 51 millones 543 mil 065 pesos con 24 centavos brutos por ejecutar el proyecto en el primer año.
Como parte del desglose, los conceptos a reintegrar son por instalación electromecánica aérea (7.1 mdp) y subterránea (3.7 mdp), instalación eléctrica (7.2 mdp), de equipo de medición y monitoreo (2.6 mdp), brazos y postes (2.6 mdp), y luminarias junto con su colocación aérea (10.8 mdp) y subterránea (17.7 mdp). La supuesta inversión que se tendría que restituir habría ocurrido en el primer y segundo mes de ejecución (2.2 mdp cada uno), en el tercero (4 mdp), cuarto (1.28 mdp), quinto (4.1 mdp), sexto (8 mdp), séptimo (8.3 mdp), octavo, noveno, décimo y undécimo (3.5 mdp cada uno) y duodécimo (54 mil 732.40 pesos).
Otro concepto por reintegrar corresponde a lo realizado según el proyecto ejecutivo y por la prestación propia de los servicios, a cuyo monto resultante se restará lo que fue pagado por el municipio. Los reclamos de la concesionaria se han dado con el ingreso a la Tesorería Municipal de una decena de facturas que amparan 19 millones 198 mil 200 pesos por supuestos servicios realizados de septiembre de 2021 a mayo del presente año.
De los recibos con folios consecutivos, en los primeros cinco amparan un pendiente de 9.22 mdp (844 mil pesos cada una) por trabajos efectuados del 27 de septiembre al 6 de diciembre del año pasado, y para las restantes son 9.97 mdp (un millón 995 mil 640 pesos cada una) entre el 11 de enero al 22 de mayo de 2022. El calendario que supuestamente se habría cumplido se enlista la aprobación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y el levantamiento de campo (enero a marzo 2021) y el levantamiento de campo y diseño de los circuitos (febrero a septiembre 2021). Igualmente, la supuesta adquisición de materiales (marzo-noviembre), el cableado de circuitos e instalación de luminarias (mayo-noviembre) y entrega de luminarias removidas, instalación del equipo de monitoreo y de una subestación, la validación de verificación de la instalación eléctrica y la instalación del medidor y conexión a la Comisión Federal de Electricidad (junio-diciembre 2021) Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
