- El desperdicio de alimentos, hasta ahora minimizado, comienza a perfilarse como una urgencia ética, ambiental y de justicia social que requiere atención inmediata
Rafael Pascual
Con un promedio de 260 gramos de alimentos desperdiciados por persona al día, Cancún se posiciona como la segunda ciudad de México con mayor desperdicio de comida en los hogares, solo por debajo de Guadalajara (280 gramos por habitante).
Al considerar que la ciudad tiene poco más de un millón de habitantes, el desperdicio diario supera las 260 toneladas de alimentos, una cifra alarmante que refleja tanto el desorden en los hábitos de consumo como la ausencia de una política efectiva para combatir esta problemática.
El estudio fue realizado en seis ciudades del país por investigadores de la Universidad del Caribe, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Politécnica, con el respaldo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las mediciones se realizaron durante dos semanas en hogares de Cancún para cuantificar con precisión los residuos orgánicos generados.
Miguel Gutiérrez Pacheco, director de Cáritas Banco de Alimentos de Quintana Roo, detalló que el 59% de los alimentos desechados eran totalmente evitables, es decir, aún eran aptos para el consumo y pudieron ser donados a personas en situación vulnerable.
El impacto de este fenómeno es ambiental, social y económico. En lo ambiental, los residuos orgánicos generan gases de efecto invernadero como el metano, que agravan la crisis climática.
En lo social, el contraste es dramático: en Quintana Roo 493 mil personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, según datos de la Secretaría del Bienestar. Y en lo económico, cada alimento desperdiciado representa recursos perdidos: agua, energía, trabajo y transporte que no generan beneficio alguno.
El estudio —pionero en su tipo— se ampliará este año a otras ciudades como Mérida y a distintas regiones del estado, incluyendo Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres.
El desperdicio de alimentos, hasta ahora minimizado, comienza a perfilarse como una urgencia ética, ambiental y de justicia social que requiere atención inmediata.
