Por Esto/Fernando Morcillo
Laura Beristain Navarrete, además de no haber hecho una entrega adecuada a la nueva administración, le heredó al actual gobierno 10 juicios laborales que se perdieron y donde el Ayuntamiento ahora negocia para pagar entre 200 mil y 350 mil pesos a cada uno.
Aunado a esto, hay al menos 30 procesos en contra del Ayuntamiento de parte de proveedores que reclaman un pago por la prestación de servicios o venta de productos, dio a conocer el síndico municipal Adrián Pérez Vera.
“Tenemos varios juicios laborales que datan de 2014, 2016, 2017, juicios que ya son para ejecutar, es decir hay más juicios y ahora con los aviadores que tendrán el descaro de demandar por despido injustificado”, explicó, “estos diez, ya se llegó a una resolución y toca pagar por motivos diversos como despido injustificado, simulación, mala defensa”. “Nos toca pagar entre 200 y 350 mil pesos, y organizar con los ciudadanos; debemos tener empatía y sensibilizar, ya hay una resolución pero, por como nos dejaron el Ayuntamiento hay que llegar a un acuerdo para no lastimar las arcas municipales porque se lo quitamos a seguridad pública, a servicios públicos, etcétera”, agregó. Lo que se pretende es que quienes resultaron favorecidos en estos resolutivos, permitan al nuevo gobierno a que tenga recursos para poder pagar.
Otra herencia de Laura Beristain, una treintena de denuncias por incumplimiento de pago con diversos proveedores. Es decir, empresas que supuestamente proporcionaron un servicio a la administración anterior y que no les pagó.
Los montos van desde los 20 mil hasta los 400 mil pesos y que sumados todos, y de llegar a perderse, representarían millones de pesos que tendría que desembolsar el actual gobierno. “Tenemos deudas con proveedores, facturas pendientes por pagar, incumplimiento de contrato, temas que atendemos; algunos en etapa de respuesta, que podemos presentar un recurso; otros no, y ya se fincó un monto para pagar y hay que ver si las empresas son reales o fantasma”.
Pérez Vera indicó que de ser un resolutivo en contra, se tendrá que pagar, “pero habrá que señalar ante la autoridad para ver si tiene domicilio y si cumple con las disposiciones fiscales”. “Algunos casos no se ha demostrado como tal el servicio y seguimos en la entrega-recepción”, apuntó.
Finalmente, dijo que hay estudios por los que se pagaron montos millonarios y sólo se tienen tres, cuatro hojas o, como en el caso del anteproyecto del Programa de Desarrollo Urbano, no se tiene nada. En estos casos, se dará cuenta a la Contraloría Municipal para que inicie procedimientos y sancione. Si es delito por peculado, mal uso delos recursos o enriquecimiento ilícito, toca a la Fiscalía intervenir por ser tema penal.
