- La presidenta de Coparmex, Jovita Portillo Navarro, advirtió que la falta de controles claros genera incertidumbre jurídica, lo que eleva la percepción de riesgo entre inversionistas nacionales e internacionales, especialmente en un contexto de alta competencia global por capital y bajo el marco de acuerdos como el T-MEC
Rafael Pascual
La posibilidad de que autoridades financieras bloqueen cuentas bancarias sin orden judicial previa ha encendido focos rojos en el sector empresarial de Quintana Roo, que advierte un impacto directo en la confianza para invertir y en la estabilidad económica del estado.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, avala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda ordenar el congelamiento de cuentas con base en “indicios suficientes” de posibles actividades ilícitas, sin necesidad de autorización judicial previa. Esta decisión fue aprobada por mayoría en el máximo tribunal, marcando un precedente que, de acuerdo con el sector privado, podría debilitar el Estado de derecho.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada en la región por Jovita Portillo Navarro, se advirtió que esta medida “tensiona principios constitucionales como la presunción de inocencia, al aplicar efectos similares a una sanción sin que exista una resolución judicial previa”. Además, subrayó que la falta de controles claros genera incertidumbre jurídica, lo que eleva la percepción de riesgo entre inversionistas nacionales e internacionales, especialmente en un contexto de alta competencia global por capital y bajo el marco de acuerdos como el T-MEC.
El organismo empresarial alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 90% del tejido empresarial en México, serían las más vulnerables ante este tipo de disposiciones, debido a su dependencia de la liquidez diaria y a su limitada capacidad para enfrentar procesos legales prolongados.
Ante este panorama, Coparmex hizo un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para establecer reglas claras que eviten discrecionalidad, entre ellas la definición de criterios objetivos para los bloqueos, la implementación de controles judiciales previos, la notificación inmediata a los afectados y mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
El sector empresarial reiteró que el combate a actividades ilícitas es necesario, pero debe ir acompañado de certeza jurídica, considerada un pilar indispensable para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en Quintana Roo y el país.
