- “La justicia no debe ganar elecciones, debe ganar confianza”, señala el organismo empresarial al advertir que sin certeza jurídica no existe desarrollo sostenible ni viabilidad económica
Rafael Pascual
La propuesta de postergar hasta 2028 la elección judicial federal y local debe convertirse en una oportunidad para replantear de fondo el modelo de impartición de justicia en México y no únicamente en un cambio de fechas, advirtió la COPARMEX en Quintana Roo.
El organismo empresarial sostuvo que la experiencia de la elección judicial de 2025 dejó en evidencia diversas fallas operativas y de legitimidad, entre ellas la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y los cuestionamientos sobre los mecanismos de selección de perfiles judiciales.
De acuerdo con el posicionamiento, el propio Instituto Nacional Electoral estimó una participación de apenas entre 12.57 y 13.32 por ciento, mientras que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos señaló que no existe precedente en el mundo de una elección universal para elegir a la totalidad de jueces de un país.
Para la COPARMEX, el debate nacional debe centrarse en definir si la justicia debe depender de la popularidad electoral o de criterios como carrera judicial, experiencia, independencia, capacidad técnica y mérito profesional.
El sector patronal reconoció como positivo que el Gobierno Federal abra espacio para revisar el modelo y perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de perfiles, incluyendo la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios entre los tres Poderes.
También consideró favorable la incorporación de evaluaciones de conocimientos, competencias y antecedentes para quienes aspiren a impartir justicia, siempre que exista plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana.
“El país necesita perfiles con sólida preparación jurídica, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos complejos”, expuso el organismo empresarial al insistir en que la excelencia y la especialización deben prevalecer sobre criterios políticos o de popularidad.
La organización advirtió que la certeza jurídica no puede improvisarse, ya que sin tribunales independientes y técnicamente sólidos se debilita el Estado de Derecho, se afecta la inversión y disminuye la confianza de empresas, trabajadores y familias.
En ese contexto, recordó que México ocupa actualmente el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, mientras que la inversión fija bruta registró una caída mensual de 0.8 por ciento en febrero de 2026, según datos del Inegi.
Asimismo, señaló que ante un entorno económico internacional complejo y la próxima revisión del T-MEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza para atraer inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva.
La COPARMEX reiteró su disposición a participar en la construcción de propuestas que fortalezcan la independencia judicial, la carrera jurisdiccional y la confianza institucional.
“La justicia no debe ganar elecciones, debe ganar confianza”, concluyó el organismo empresarial al advertir que sin certeza jurídica no existe desarrollo sostenible ni viabilidad económica.
