Empresarios piden combatir el delito de despojo en Quintana Roo

por Redaccion
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Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe firmaron un convenio con autoridades en materia de seguridad pública, así como del registro público de la propiedad para que se denuncie y se combata el delito de despojo de propiedades en Quintana Roo, pues solo el 10 por ciento de los casos registrados se han resuelto.

Recordaron que en el 2020 se registraron cerca de 400 denuncias de despojos, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Tulum, donde operan bandas bien organizadas falsificando contratos y títulos de propiedad para consumar los fraudes, en los que la autoridad judicial ya tiene definidos los patrones de los perfiles delictivos y de las víctimas, así como el modus operandi.

Durante la asamblea mensual del CCE, los empresarios detallaron que estos hechos ilegales van desde el despojo violento que afecta a la propiedad privada, pasando por el uso de documentos falsos o con la participación de instituciones.

Datos de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), señalan que también se simulan adeudos de trabajadores, en los que se designa una propiedad en garantía y se asigna a través de procesos laborales y civiles, por lo que ya se tienen despachos jurídicos identificados que de manera sistemática se dedican a asuntos de despojo.

Cabe recordar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo, inició una carpeta de investigación sobre el “cártel del despojo”, en el que supuestamente participan servidores públicos y militantes del Partido Verde (PVEM), como Pablo Bustamante y Gustavo Miranda a quienes se les acusó de apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales simulados.

Asimismo, el municipio de Benito Juárez reveló una red conformada por funcionarios públicos que despojó de sus viviendas de interés social a ciudadanos de Cancún, mediante procedimientos irregulares.

Reyna Arceo, contralora municipal, en su oportunidad dijo que se investigan estos procedimientos desde 2018, y hasta ahorita han revisado 750 expedientes que están indebidamente integrados.

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