Quintana Roo, reprobado a nivel nacional por violencia, corrupción e injusticia

por Redaccion
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Por Esto/Gabriela Soto Foto: Mario Hernández

El estado se encuentra en el último lugar del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021; los casos de violencia y corrupción quedan en evidencia. En Quintana Roo no hay contrapesos consolidados contra el Ejecutivo Estatal.

Los quintanarroenses son víctimas constantes de los delincuentes, pero carecen de instituciones y mecanismos legales efectivos que les permita acceder a la justicia en materia civil y penal.

Los policías, ministerios públicos, diputados, abogados y jueces, son considerados corruptos por la propia ciudadanía. En otras palabras, la Entidad caribeña está alejada del Estado de Derecho, un principio de gobernanza basado en la rendición de cuentas, leyes y procesos justos, así como de mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

En los últimos tres años, retrocedió dos décimas en la puntuación al pasar de 0.36 puntos en 2018 a 0.34 en 2020-2021, en una medición de escala del 0 al 1, con lo que se coloca en el último lugar nacional, después de Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Puebla.

“Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las Entidades federativas desde la última edición”, indica el estudio.

Contrapesos limitados

Quintana Roo es un lugar paradisiaco para el Ejecutivo Estatal al no tener un contrapeso efectivo en la toma diaria de las decisiones públicas, según el Índice elaborado por World Justice Project que le otorga, en el indicador de “Límites al poder gubernamental”, apenas 0.37 puntos. La variable “en la práctica, el Congreso de Quintana Roo funciona como un contrapeso efectivo al Gobernador”, obtuvo una calificación baja.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México, no hay una autoridad gubernamental efectiva que funcione como contrapeso al Ejecutivo Estatal. El informe también reprueba la actuación del Congreso local, el Poder Judicial, la Auditoría Superior de la Federación y las Comisiones de Derechos Humanos y considera que los jueces no actúan de forma independiente, sino motivados por razones políticas o en su beneficio personal.

Los diputados abusan de sus funciones públicas y sólo uno de cada cinco legisladores es investigado, procesado y castigado si comete algún delito. Lo mismo sucede en el caso de los policías.

Predomina la corrupción

La corrupción permea a las instituciones públicas de Quintana Roo, desde los servidores públicos, los policías y diputados, hasta los jueces. El Índice evidencia la corrupción de los funcionarios que trabajan en los gobiernos Estatal y municipales. Las principales acusaciones son que los funcionarios se prestan para desviar recursos públicos a empresas fantasmas y que los fondos destinados a los programas sociales son utilizados para fines políticos o partidistas. También son señalados de pedir sobornos a cambio de pagar facturas a proveedores de servicios o para otorgar servicios que deberían ser gratuitos.

Las acusaciones de cohecho se focalizan principalmente a las instituciones de salud pública, que son los peores evaluados con 0.42 puntos. Se señala que los directivos desvían recursos al adquirir equipo médico o contratar servicios; los fondos públicos destinados a programas de salud en barrios populares no llegan a las clínicas de medicina familiar o terminan en manos de la delincuencia organizada o que la población paga para que

En el Poder Judicial la corrupción también es visible

El informe de World Justice Project expone que el personal es contratado por influencias y no por mérito. Además, reciben sobornos para acelerar los procesos o para favorecer alguna de las partes; mientras que gran parte de los jueces actúan motivados por los sobornos, por razonas políticas o para su beneficio personal.

De una forma similar actúa la policía en el estado. Más de la mitad de los agentes solicitan dinero a las personas detenidas a cambio de liberarlos o los detienen de forma arbitraria para chantajearlos o por encargo de alguien más. Lo mismo sucede con el Ministerio Público que cobra para retirar o cambiar los cargos en contra del detenido.

Los diputados no escapan de la concepción de corruptos, pues reciben dinero a cambio de favores políticos o para votar de cierta manera.

Discriminación

Vivir en Quintana Roo es sentir la discriminación por diferentes prejuicios, desde la identidad indígena hasta la sexualidad. El perfil de la persona más discriminada en Quintana Roo es una mujer, pobre, morena, de origen indígena, creyente de una religión diferente a la católica, migrante, homosexual o transexual, con alguna discapacidad física e intelectual visible y con escasos estudios escolares, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho de México.

En otras palabras, una mujer pobre tiene menor posibilidad de recibir un tratamiento médico de calidad que una rica o un afrodescendiente haitiano tiene mayor probabilidad de ser discriminado en una tienda comercial que un blanco estadounidense.

Inseguridad

El Gobierno de Quintana Roo está reprobado en materia de seguridad pública. El indicador de “Orden y Seguridad” obtuvo el puntaje más bajo de los ocho rubros, con apenas 0.24 puntos, en la escala del 0 al 1.

Las personas manifiestan sentirse inseguras al realizar sus actividades cotidianas, cuando caminan por la calle, acuden al mercado, al centro comercial, banco o al cajero automático, viajan en transporte público y carretera.

“Fabricar” criminales

Quintana Roo tiene el escenario para crear criminales ante la falta de un sistema de procedimientos penales apegado a derecho.

Según el Índice de Estado de Derecho en México, los jueces vinculan erróneamente a proceso a las personas inocentes, aplican de forma inadecuada las medidas cautelares y la prisión preventiva. Otros señalamientos realizados son: falta de respeto a los derechos de las personas detenidas, la detención de personas de escasos recursos para cumplir una cuota, el uso de la fuerza excesiva, culpar a inocentes de delitos no cometidos y tortura.

Además, las personas son incomunicadas, no reciben evaluación médica y, en algunos casos, se “fabrica evidencia al momento de detener a una persona”. Otro problema es la débil defensa a la que acceden las personas detenidas. Apenas la mitad de los defensores públicos hablan con sus clientes al menos una vez durante su estancia en el Ministerio Público, no acuden a las audiencias ni prepararan sus casos seriamente, ni utilizan pruebas y argumentos sólidos para sustentarlos.

Un panorama similar se observa con los jueces, quienes la mayoría no van a sus audiencias, no usan lenguaje entendible por las personas, ni hay acceso público a todas las audiencias.

Oposición débil

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México, los quintanarroenses consideran seguro protestar pacíficamente en contra del Gobierno, sin embargo, acotan que hay temor a ser intimidados o golpeados por la policía. El mismo nivel de libertad de expresión manifiesta tener la sociedad civil.

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