EU se declara incapaz de lidiar con la migración; mañana vence el Título 42

por Redaccion
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  • Y es que, a pocos días de que se levante el Título 42, la ciudad fronteriza ya ha visto un aumento en los cruces de migrantes, con un promedio de 2 mil 500 arrestos diarios

Diario El Independiente/Redacción

A 24 horas de que termine la aplicación del Título 42, el gobierno de Estados Unidos reconoció que no tiene la capacidad para “lidiar con el actual nivel migratorio ni con el incremento que se espera en las próximas semanas y meses”, se establece en un documento de siete páginas publicado por DHS. 

Entre las medidas que detalla el documento están crear unas 3 mil nuevas contrataciones, entre funcionarios y contratistas, para reforzar las agencias migratorias, y un aumento en la capacidad de transporte, incluyendo rutas aéreas y autobuses para transportar migrantes dentro del país y también para deportarlos si no cumplen con los requisitos para permanecer en el país.

Mañana, 21 de diciembre, dejará de aplicarse el Título 42, una norma sanitaria instaurada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) y mantenida por el actual gobierno, que ha permitido hasta ahora expulsar a la mayoría de migrantes que cruzan la frontera sur.




Se espera que el fin de esta regla, que prohibió la mayor parte de las solicitudes de asilo en la frontera, lleve a un aumento en la cantidad de migrantes que llegan al sur de Estados Unidos con la esperanza de buscar refugio en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya delineó la estrategia que seguirá para hacer frente a una mayor llegada de migrantes, pero aseguró que el sistema estadounidense “no está diseñado” para lidiar con el flujo migratorio actual.

Estados Unidos no tiene la capacidad para “lidiar con el actual nivel migratorio ni con el incremento que se espera en las próximas semanas y meses”, se lee en un documento de siete páginas publicado por DHS donde se detalla la preparación para el fin del Título 42.

Entre las medidas que detalla el documento están unas 3 mil nuevas contrataciones, entre funcionarios y contratistas, para reforzar las agencias migratorias, y un aumento en la capacidad de transporte, incluyendo rutas aéreas y autobuses para transportar migrantes dentro del país y también para deportarlos si no cumplen con los requisitos para permanecer en el país.

El DHS también planea empezar a utilizar una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los solicitantes de asilo agendar una cita para presentarse a los puertos de entrada y así evitar que las personas crucen de manera irregular la frontera.

A pesar de estas medidas, las autoridades locales y líderes comunitarios en las ciudades fronterizas han alertado que no tienen los suficientes recursos para lidiar con la cantidad de migrantes que se espera entren en el país.

La congresista Verónica Escobar, que representa al distrito 16 de Texas, en donde está El Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, aseguró que la falta de vías legales para que las personas migren a Estados Unidos es la principal responsable de la situación en la frontera.

“Es hora de que el país entienda que no podemos seguir cargando con los desafíos financieros y de infraestructura que son consecuencia de la falta de una reforma migratoria“, dijo la legisladora demócrata.

Escobar pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que entregue más fondos a El Paso para atender las necesidades de los migrantes.

Y es que, a pocos días de que se levante el Título 42, la ciudad fronteriza ya ha visto un aumento en los cruces de migrantes, con un promedio de 2 mil 500 arrestos diarios.

Las autoridades locales han activado las alarmas, indicando temor por la falta de recursos para atender a un mayor número de personas cuando se levante la polémica norma sanitaria.

La decisión del gobierno Biden de haber mantenido el Título 42 ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, que la califican de ilegal ya que evita que la gran mayoría de personas que desean solicitar asilo en la frontera puedan hacerlo.

Con la excusa de la pandemia de la Covid-19, la normativa permitió la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes desde que entró en vigor.

El fallo judicial que obligó al gobierno a suspenderla proviene de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alega que el Título 42 pone a las personas migrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense.

Cuando esta regla sea suspendida se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.

EN TAPACHULA, OTRA OLEADA DE MIGRANTES

Por otra parte, en Tapachula, Chiapas, más de mil migrantes que se mantienen varados en la frontera sur de México buscan entregarse a las autoridades de manera masiva para ser procesados en la estación migratoria siglo 21 y con ello obtener documentos para transitar a la frontera norte.

Desde la madrugada de este domingo, los migrantes de diversas nacionalidades se congregaron en el parque central de Tapachula, para esperar que el Instituto Nacional de Migración (INM) acuda a buscarlos para entregarse y evitar salir caminando en caravanas.

Eudis Jesús Camacal, un migrante venelozano, comentó que desde la madrugada llegaron al parque central Miguel Hidalgo, para entregarse a las autoridades migratorias para que puedan obtener los oficios de salida y el documento de la Fórmula Migratoria Múltiple (FMM).

“Nosotros estamos esperando ese permiso para poder avanzar, porque nos han dicho que, en otro punto de migración, podemos avanzar a la frontera norte con Estados Unidos”, refirió.

De momento, el INM no ha dado a conocer si irá por ellos o si se tienen que entregar en algún punto de internación para ser atendidos en la estación migratoria siglo 21.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

HABRÁ 48 LEGISLADORES LATINOS EN EL CAPITOLIO

A partir del 3 de enero de 2023, cuando asuma el nuevo Congreso 118, el número de latinos en ambas cámaras llegará a un récord de 48: 34 titulares que conservaron sus escaños y 14 nuevos miembros, de 10 estados diferentes.

Es un logro que no puede quedar inadvertido, ¿pero en qué han beneficiado o servido a sus pueblos de origen o los latinos radicados en Estados Unidos?

Entre los nuevos parlamentarios hay cinco latinos republicanos, de por sí un avance. Por primera vez, tendremos en el Congreso a un miembro de la novísima Generación Z: Maxwell Alejandro Frost, un latino de 25 años, demócrata de Florida. Otro latino, el exalcalde de Long Beach, California, Robert García, es el primer inmigrante abiertamente gay en llegar a esta instancia política.

Por primera vez, los estados de Washington y Oregon tendrán en su delegación a la Cámara Baja a latinos. Y Colorado, a su primera representante latina.

En el Senado fue reelecto Alex Padilla de California a un término completo de seis años después de haber sido nominado en 2021.  Se une a Catherine Cortez Masto, también reelecta para representar a Arizona.

Mujeres, liberales, conservadores…

Además, habrá 17 mujeres congresistas latinas, también un récord. Nuestros legisladores latinos representan comunidades urbanas y rurales, tanto centros de poder liberales como conservadores.  Sus orígenes son diversos. Son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Sus familias provienen de México, Costa Rica, Cuba, El Salvador y otros países.

Son diásporas que han sentado raíces en nuestro país y aprobado la prueba máxima de la identidad estadounidense: representar a sus comunidades en el gobierno federal. El porcentaje de latinos entre los legisladores en el Capitolio, que era de 9.5% hasta ahora, será de 11%, y aunque es aún menor a su proporción en la población (19%), es una fiel representación de la participación de nuestra comunidad en la sociedad nacional. Es otra señal de que la latina, que incluye a 35 millones de ciudadanos con derecho al voto, asume su papel como la primera minoría en el país.

Razones del aumento

¿A qué se debe este logro? Sí, a un cada vez mayor interés entre nuestros activistas por postularse a puestos electos. Pero más que eso, a que una mayor proporción de la juventud latina salió a votar en las últimas elecciones y a que, con su participación, ayudaron a darles la victoria.

Esperamos que esta nueva realidad no se quede solo en los números. Que esta mayor representación se note en legislación que favorezca a la comunidad latina. Una comunidad que, con toda su diversidad y diferencias de origen, de partido, de prioridades, progresa en la lucha para establecer su propia identidad.

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