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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió el decreto que reforma uno de los articulados de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) para castigar con hasta siete años de cárcel el bloqueo de casetas y carreteras.
Las nuevas reglas castigan a quienes “dañen, perjudiquen o destruyan dichas vías o los medios de transporte, o que para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje”.
También se impondrá sanción económica de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; es decir, hasta 48 mil 110 pesos.
La reforma, que fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir de este miércoles.
El documento fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero Dávila, respectivamente.
24 HORAS publicó que en el primer año de la administración de López Obrador se han incrementado las pérdidas en peaje por la toma de casetas, dejando sin ingresos a la Hacienda por el orden de 2 mil 431 millones de pesos, durante 2019.
Capufe también reportó que entre diciembre de 2018 y 2019, periodo lopezobradorista, se dieron hasta 4 mil 66 bloqueos en los accesos carreteros.
Algunos grupos sociales que toman las casetas de manera recurrente y generan pérdidas al erario son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); los normalistas y simpatizantes de los desaparecidos de Ayotzinapa; la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil; el Frente Auténtico del Campo y Zapata Vive.
