El ejército de Honduras ha intervenido en las cárceles del país siguiendo el ejemplo de El Salvador, después de un violento enfrentamiento entre pandillas que resultó en la muerte de 46 reclusas en un centro de detención de mujeres. La presidenta Xiomara Castro, de tendencia izquierdista, ha decidido entregar el control del sistema penitenciario a la policía militar con el fin de combatir el crimen organizado que opera dentro de las prisiones.
Las imágenes oficiales muestran a numerosos reclusos varones, con el torso descubierto, tatuados y con la cabeza rapada, arrodillados en el suelo de la prisión de máxima seguridad de Tamara. Soldados fuertemente armados los custodian, lo que guarda similitudes con las acciones implementadas por el gobierno de derecha en El Salvador. Allí, se reforzó la seguridad en las prisiones y se encarceló a más de 62.000 presuntos delincuentes como parte de una ofensiva contra las pandillas.
El ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, ha declarado que su misión es derrotar al crimen organizado tanto dentro como fuera de las prisiones, y perseguir a los autores intelectuales que operan desde el exterior. Tamara y La Tolva, dos penales hondureños, han pasado al control de la policía militar. En el país, hay alrededor de 20.000 reclusos distribuidos en 26 prisiones superpobladas, según un informe de las Naciones Unidas que indica que las cárceles están un 34,2% por encima de su capacidad.
Durante la intervención en la prisión de Tamara, la policía militar ha incautado armas y explosivos en una zona ocupada por la pandilla Barrio 18. El coronel Fernando Muñoz ha afirmado que se acabará con la corrupción en los penales y se controlarán las actividades delictivas, evitando extorsiones y ejecuciones.
En resumen, el ejército de Honduras ha asumido el control de las violentas cárceles del país tras un conflicto entre pandillas que cobró la vida de numerosas reclusas. La presidenta Xiomara Castro ha entregado el sistema penitenciario a la policía militar con el objetivo de frenar el crimen organizado dentro y fuera de las prisiones. La militarización de las prisiones busca poner fin a la corrupción y prevenir actividades ilícitas. Esta medida se asemeja a las acciones tomadas en El Salvador, donde se reforzó la seguridad carcelaria y se encarceló a miles de presuntos delincuentes. El Independiente/Redacción
