* este lunes el chofer de una colectiva fue amenazado de muerte por un sujeto armado, le exigen cumpla con la cuota la próxima semana
Tapachula
Cientos de unidades del transporte colectivo paralizaron éste lunes sus actividades en los municipios de la región de la frontera sur de Chiapas, en protesta porque reiniciaron las extorsiones semanales por parte del crimen organizado, llamadas popularmente «cobro de piso» o «impuesto de guerra».
De acuerdo a la versión de algunos concesionarios que tomaron el valor para denunciar los hechos ante rotativo EL ORBE, al iniciar la jornada de esta semana, alrededor de las 06:00 horas, el conductor de una colectiva de la Sociedad Cooperativa Unión y Progreso, fue encañonado en la cabeza por un individuo que había subido a la unidad como pasajero. Supuestamente le advirtió que en la próxima vez, si no cumplía, lo mataría
El delincuente había abordado la unidad en la Terminal de Corto Recorrido ubicada en el centro de la Ciudad, y dijo que viajaría hacia el municipio fronterizo de Cacahoatán.
Sin embargo, apenas unos metros después de haber salido de ahí, lo despojó de un bolso tipo cangurera en la que llevaba dinero en efectivo y artículos personales, además de que le entregó un celular y le dijo que ahí recibiría las llamadas para darle instrucciones de la forma en que entregaría el dinero cada semana, que es lo equivalente a lo que gana el chofer.
Luego lo obligó a que detuviera su marcha en las inmediaciones de una tienda comercial ubicada frente al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la 17 Calle Oriente y 14 Avenida Norte, en donde se bajó y huyó con rumbo desconocido.
Tras recuperarse del susto, el trabajador del volante dio parte al concesionario y éste a su vez al Frente Organizado del Transporte, quien optó por ordenar la paralización regional del servicio, por seguridad de los conductores y de los propios usuarios.
En tanto que una comisión de representantes de ese gremio viajó a la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, para participar en una reunión emergente en materia de seguridad, en la que se abordaría el tema; mientras que algo similar se hizo en Tapachula.
Apenas en la semana, los extorsionadores quemaron una unidad que prestaba el servicio entre los municipios de Cacahoatán y Tapachula, ya que, según se supo, al propietario no le había alcanzado el dinero para reunir lo que le exigían a cambio de «perdonarle» la vida.
Por lo pronto se desconoce cuánto tiempo durará la suspensión del servicio, así como las medidas que tomarán los transportistas y las propias autoridades en torno a esos hechos. El Orbe/Ildefonso Ochoa Argüello
