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viernes 8 noviembre 2024

Se busca “una salida alterna” al caso de Esmeralda: fiscal de Querétaro

  • Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, se reunió la noche del lunes con el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús, y Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales, para hablar acerca del caso de Esmeralda, de 14 años

Querétaro, Qro.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras una reunión que sostuvo la noche del lunes con la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, se acordó iniciar los trabajos necesarios para buscar una salida alterna al caso de la niña Esmeralda, originaria del municipio indígena de Huimilpan, sujeta a proceso penal por homicidio luego de que abortó de forma espontánea a su bebé producto de una violación.

En una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que se estableció el compromiso de mantener una evaluación permanente del caso para evitar la revictimización de la joven de 14 años de edad.

De Jesús Hernández, colaboradores suyos y Mayra Dávila, junto con integrantes del colectivo Adax Digitales, acudieron a una mesa de trabajo con Hernández, para tratar el asunto de Esmeralda y garantizar mediante la formalización de un acuerdo la protección de adolescentes procesados penalmente.

Instrucción de la Presidenta

Hernández publicó en la red social X: “me reuní con el titular de la @fiscaliaqro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”.

Agregó: como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!

Si Esmeralda fuera encontrada culpable, sería condenada a pasar tres años en un centro especial de reclusión para adolescentes, y a pagar más de 500 mil pesos de indemnización a quien tenga interés jurídico, que sería el violador por haberse acreditado que fue padre del niño.

Mientras, el gobernador panista Mauricio Kuri cambió su postura sobre el caso Esmeralda. El lunes, interrogado al respecto, el mandatario pidió no desinformar, y recordó que la FGE dictaminó que la menor no fue violada, pero ayer afirmó en su cuenta de X que a la víctima debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto.

Agregó que este suceso implica un drama social, que refleja la necesidad de mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. También, a las familias. Dijo confiar en que la fiscalía actúe con apego a la ley, pero también con sensibilidad social, y ponga por encima el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

Anunció también que se dará atención especial a la familia y acompañamiento a la niña, en respuesta a señalamientos de Mayra Dávila, quien consideró que la menor padeció total abandono institucional, que le impidió tener acceso a la justicia.

Kuri adelantó que su administración pondrá en marcha programas de prevención de violencias, educación y formación de valores, entre otros, que ayuden a las familias queretanas a vivir en paz.

Ofreció que su gobierno estará siempre comprometido, invariablemente, en proteger, hacer efectivos y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos salvaguardará dado que han sido, son y serán siempre prioridad de mi gobierno.

El lunes, ante medios de comunicación, el gobernador queretano aseguró que era errónea la información que divulgó Adax Digitales, el cual aseveró que la adolescente quedó embarazada tras una violación que la FGE no investigó debidamente.

De lo que estoy enterado es que hay una carpeta por el homicidio de un bebé recién nacido, argumentó el mandatario. Acotó: no hay ninguna carpeta en juzgados por aborto; el padre (del recién nacido que murió) es un pariente de la niña.

La postura que Mauricio Kuri asumió el lunes fue rechazada por Mayra Dávila y Adax Digitales, que le pidieron reconsiderarla, pues un metadictamen en patología forense confirmó que el feto falleció antes de nacer, lo que probaría que el aborto fue espontáneo.

Esto desmiente la versión de la FGE, que con base en un estudio de mecánica de lesiones realizado por un médico legista asegura que el producto de 36 semanas de gestación nació con vida y murió por estrangulamiento.

Dávila apuntó que hubo graves omisiones por parte de la fiscalía al investigar la denuncia de violación, ya que a pesar de que el imputado como agresor negó ante el Ministerio Público haber embarazado a Esmeralda, se comprobó por medio de análisis que él es el padre.

Mientras, activistas y ex legisladoras integrantes de la agrupación Rebeldes con Causa solicitaron al Congreso local que se inicie un juicio político y se destituya al fiscal Víctor Antonio de Jesús, por pretender encarcelar a Esmeralda por un aborto no intencional, y no actuar en contra el violador de la adolescente.

De Jesús Hernández asumió el cargo de fiscal el pasado 23 de agosto, en el último mes de la 60 Legislatura, de mayoría panista, entre protestas de militantes del partido Morena, quienes recriminaron que se le nombró luego de que el anterior titular de la institución, Alejandro Echeverría, presentó su renuncia cuando aún le faltaban 10 meses para concluir su periodo, en mayo de 2025.

Los morenistas argumentaron que el encargado del despacho, Humberto Pérez, debió terminar el periodo de Echeverría y entonces elegir a un nuevo fiscal en mayo del año entrante.

Respaldo de ONU-DH

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante el proceso penal que enfrenta Esmeralda, manifestó que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia. Llamó a las autoridades a garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la protección especial.

La Jornada/Ricardo Montoya, corresponsal                                           Foto: Autor

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