La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos del erario estatal hacia empresas, particulares y un despacho jurídico vinculado al gobernador Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La denuncia fue interpuesta el pasado 16 de octubre y se hizo pública como parte del Informe de la Cuenta Pública 2025 entregado a la Cámara de Diputados.De acuerdo con el informe, el esquema habría permitido al mandatario adquirir una propiedad valuada en mil millones de pesos.
La ASF incluyó en el expediente un organigrama detallado de la ruta del dinero, con cuatro operaciones principales de transferencia desde el presupuesto estatal hacia la red de empresas señaladas, documentando simulación de operaciones y pagos a proveedores.
La operación de mayor monto detalla que el gobierno estatal transfirió 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, la cual a su vez canalizó 5 mil 154.6 millones a una segunda compañía que terminó entregando 385.3 millones de pesos directamente al despacho jurídico de los García.
En total, el documento precisa que 928.13 millones de pesos fueron triangulados al despacho vinculado al gobernador y su padre. En otra operación documentada, una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales 237 millones se canalizaron a una empresa de alimentos que transfirió 202.9 millones al mismo despacho.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, aseguró ante legisladores que el organismo tiene “plenamente mapeado el movimiento de los recursos” y las redes de transferencia.
Hernández explicó que tanto en Nuevo León como en Sinaloa se identificaron patrones similares: “En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”. El informe también incluye una segunda investigación por triangulación en Sinaloa durante la gestión del exgobernador Rubén Rocha Moya.
Según la ASF, se detectó un contrato de obra adjudicado a una empresa constituida por sus dos hijos, con un esquema similar de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada. La denuncia contra Nuevo León se suma a otras irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2025 y ya es investigada por la FGR.
Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura oficial sobre el señalamiento.
La ASF precisó que la información forma parte de la fiscalización al ejercicio fiscal 2025 y no constituye aún una sentencia. El caso se da en un contexto de revisión intensiva al gasto de los estados. La ASF afirmó que continuará con la entrega de informes y que las carpetas de investigación incluyen la trazabilidad bancaria completa de las transferencias, con el objetivo de determinar responsabilidades penales y administrativas.
