- Representantes de la Barra propusieron delimitar los elementos que configuran el fraude inmobiliario, para evitar que un simple incumplimiento contractual sea considerado como delito; establecer una norma precisa que permita distinguir entre un conflicto de carácter civil y una conducta deliberadamente fraudulenta
Rafael Pascual
Una definición más precisa del fraude inmobiliario y un mayor plazo para que las víctimas puedan denunciarlo forman parte de las propuestas planteadas por la Barra de Abogados de Quintana Roo durante el análisis de las reformas impulsadas para combatir este delito.
La organización participó en la mesa de trabajo convocada por el consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, y la diputada Paola Moreno, donde se revisó el paquete de modificaciones orientado a fortalecer la protección de quienes son víctimas de operaciones inmobiliarias fraudulentas.
Durante el encuentro, representantes de la Barra propusieron delimitar con claridad los elementos que configuran el fraude inmobiliario, a fin de evitar que un simple incumplimiento contractual sea considerado como delito. El objetivo, señalaron, es establecer una norma precisa que permita distinguir entre un conflicto de carácter civil y una conducta deliberadamente fraudulenta.
Otro de los planteamientos fue ampliar el plazo de prescripción del delito, con el propósito de evitar que las víctimas pierdan la posibilidad de acudir ante las autoridades debido al tiempo transcurrido.
En la mesa participaron el presidente de la Barra, Mauro Carmona; la vicepresidenta Monserrat López Gómez; Rodolfo Brizuela, coordinador de la Comisión de Derecho Penal, y Roberto Aparicio Moreno.
La Barra de Abogados destacó que continuará aportando criterios técnicos y jurídicos para contribuir a la construcción de una legislación clara, eficaz y acorde con los principios constitucionales.
