- Coparmex Quintana Roo hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, además de simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, combatir la extorsión y garantizar canales de denuncia eficaces y seguros
Rafael Pascual
La corrupción representa uno de los principales frenos para el desarrollo económico de Quintana Roo, al generar incertidumbre jurídica, elevar los costos para las empresas y desalentar nuevas inversiones, advirtió la presidenta de Coparmex Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro.
La dirigente empresarial señaló que este problema dejó de ser un asunto exclusivamente ético para convertirse en un obstáculo que limita la competitividad del país y afecta directamente a estados como Quintana Roo, cuya economía depende en gran medida de la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
“Cada acto de corrupción es un impuesto ilegal que terminan pagando los ciudadanos, las empresas y el futuro de México”, afirmó.
Portillo Navarro recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, 9.42 millones de mexicanos fueron víctimas de al menos un acto de corrupción durante el último año, con pérdidas cercanas a los 17 mil millones de pesos. Además, cada persona afectada desembolsó en promedio 3 mil 865 pesos, la cifra más alta registrada en la última década.
A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, el 98.9 por ciento de los actos de corrupción que enfrentan las empresas no se denuncian ni se investigan, lo que favorece la impunidad.
La presidenta de Coparmex Quintana Roo advirtió que prácticas como retrasos injustificados en trámites, discrecionalidad, sobornos o solicitudes indebidas incrementan los costos de operación y reducen la confianza para invertir.
“En Quintana Roo competimos todos los días por atraer inversión y generar empleos. La confianza no depende únicamente de nuestros atractivos turísticos, sino de contar con instituciones sólidas, reglas claras y certeza jurídica. No puede existir desarrollo económico sostenible donde la corrupción sustituye al Estado de derecho”, sostuvo.
Añadió que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, al contar con menos capacidad para absorber los costos derivados de prácticas irregulares y excesos burocráticos.
Ante este panorama, Coparmex Quintana Roo hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, además de simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, combatir la extorsión y garantizar canales de denuncia eficaces y seguros.
Finalmente, Jovita Portillo Navarro reiteró la disposición del organismo empresarial para trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en el fortalecimiento de instituciones transparentes y confiables.
“La corrupción no solo roba dinero; roba oportunidades, destruye la confianza y compromete el futuro de quienes apuestan por hacer las cosas bien. Combatirla no puede seguir siendo un discurso, debe convertirse en una política permanente de Estado”, concluyó.
