- Martins construyó una red de prostitución y explotación sexual de mujeres extranjeras que de acuerdo con denuncias e investigaciones, operó bajo la protección de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de autoridades estatales y municipales
Rafael Pascual
Después de casi siete años de recursos legales y una larga batalla judicial, México extraditó a Argentina a Raúl Luis Martins Coggiola, exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), requerido por autoridades argentinas por asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero.
Con su extradición culmina en México una historia de impunidad que durante años tuvo como escenario a Cancún, donde Martins construyó una red de prostitución y explotación sexual de mujeres extranjeras que de acuerdo con denuncias e investigaciones, operó bajo la presunta protección de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de autoridades estatales y municipales.
Durante más de dos décadas, Martins desarrolló negocios nocturnos en la zona hotelera, entre ellos Shampoo y The One, establecimientos señalados en investigaciones por su relación con la explotación sexual. Su estructura habría permitido captar y trasladar mujeres extranjeras para incorporarlas a este circuito.
Las denuncias sobre la operación de Martins no eran nuevas cuando fue detenido. Su propia hija, Lorena Martins, lo acusó públicamente de encabezar una red de prostitución y trata con operaciones en Argentina y México.
En 2019, el INM informó que Martins era señalado como operador de centros nocturnos en Cancún y Playa del Carmen, donde unas 150 mujeres ejercían la prostitución.
Martins fue detenido en Cancún en octubre de 2019, cuando pretendía viajar a Belice. Desde entonces, su defensa promovió diversos recursos legales para evitar su extradición a Argentina.
Ahora, casi siete años después, fue finalmente entregado a las autoridades argentinas para enfrentar el proceso judicial por los delitos que se le atribuyen.
Su salida de México cierra un largo capítulo de denuncias sobre explotación sexual, lavado de dinero y presuntos vínculos con grupos criminales. Pero también deja expuesta una pregunta que durante años acompañó el caso: ¿cómo pudo operar durante tanto tiempo una red de estas dimensiones en Cancún y gozar de tal nivel de impunidad sin la presunta protección o complicidad de funcionarios?
