Para contar con reglas claras y evitar la promoción personalizada en la difusión de apoyos sociales por parte de servidores públicos, la diputada local de la XVIII Legislatura, María José Osorio, envió una propuesta para añadir al artículo 400 Bis, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, un apartado que prohibiría a los funcionarios y actores políticos lucrar con la entrega de apoyos sociales.
El objetivo, dijo la diputada, es impedir que funcionarios públicos y actores políticos difundan imágenes, videos o publicaciones donde aparezcan ciudadanos en situación de vulnerabilidad recibiendo apoyos, como una forma de posicionamiento político.
De acuerdo con la legisladora, el propósito es proteger la dignidad de las personas que solicitan ayuda en momentos críticos, evitando que su condición sea utilizada como herramienta de propaganda.
La propuesta, agregó la diputada, no impide que se ayude, ni que se guarde evidencia fotográfica para efectos de transparencia y auditoría interna. Lo que busca es castigar la difusión pública de esa ayuda con fines de imagen.
En Quintana Roo es una práctica común la difusión de apoyos —desde despensas hasta ayudas económicas — acompañada de fotografías, logotipos y mensajes personalizados, esto se ha convertido en una estrategia recurrente para mantener presencia pública, particularmente en zonas con altos niveles de vulnerabilidad.
