Rafael Pascual
La apertura de una investigación por la presunta agresión física contra una alumna, las denuncias de posibles casos de bullying y la exigencia de destitución del director mantienen en conflicto a la comunidad de la secundaria Cancún, ubicada en el fraccionamiento Paraíso Maya, donde madres y padres de familia acusan falta de respuestas ante un problema que compromete la seguridad de los estudiantes.
El caso que detonó la inconformidad ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando una estudiante presuntamente golpeó a otra menor, quien habría sufrido lesiones en el ojo, el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Su madre presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y reclamó atención oportuna por parte de las autoridades educativas.
De acuerdo con los señalamientos de la familia, un directivo habría minimizado la gravedad de lo sucedido al calificarlo como una pelea entre alumnas, situación que incrementó el malestar y la preocupación de los padres por la posibilidad de que se registren nuevas agresiones dentro del plantel.
Ante la falta de una solución satisfactoria, la madre de la menor colocó candados en los accesos de la escuela, lo que impidió el ingreso de los estudiantes y provocó la suspensión de clases del turno vespertino.
Alrededor de un centenar de padres de familia se congregaron frente al plantel para respaldar la protesta y exigir la destitución del director, al considerar que la actuación de la Dirección no ha ofrecido respuestas suficientes frente a las denuncias de violencia escolar.
Al lugar acudieron elementos de la Policía de Cancún, personal de la Fiscalía General del Estado y representantes del área jurídica de los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ), quienes tomaron conocimiento de la situación e intentaron establecer un diálogo con los inconformes.
Los padres condicionaron la reapertura de la escuela a que se atiendan sus demandas, mientras el conflicto mantiene en riesgo la continuidad de las actividades académicas.
El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de investigar las denuncias de violencia entre estudiantes, esclarecer posibles omisiones y garantizar que los planteles sean espacios seguros. La exigencia de las familias no se limita a la destitución de directivos: también reclama respuestas institucionales y medidas concretas para evitar que el miedo y las agresiones interfieran con el derecho de los menores a recibir educación.
