- Gobiernos locales analizan la posibilidad de desarrollar esquemas similares para combatir delitos ambientales y mejorar la atención de denuncias relacionadas con tiraderos clandestinos
Rafael Pascual
Ante el crecimiento de los puntos donde los residuos son abandonados de manera ilegal, el modelo de vigilancia ambiental implementado en Benito Juárez comienza a ser observado por otros municipios de Quintana Roo como una alternativa para fortalecer la protección del entorno.
A casi dos años de su creación, el programa Patrullas Verdes ha generado interés entre gobiernos locales que analizan la posibilidad de desarrollar esquemas similares para combatir delitos ambientales y mejorar la atención de denuncias relacionadas con tiraderos clandestinos.
El procurador de Protección al Ambiente del estado, Alonso Fernández Lemmen Meyer, señaló que la estrategia municipal ha mostrado resultados positivos, principalmente por la capacidad de respuesta para detectar e intervenir sitios utilizados para la disposición irregular de residuos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en un predio ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde las unidades identificaron un sitio con acumulación ilegal de desechos. Tras la inspección correspondiente, la Procuraduría procedió a la clausura del lugar e inició una investigación con base en indicios y documentación encontrada durante la revisión.
El funcionario explicó que, aunque hasta el momento no existen solicitudes formales para replicar el programa, varios ayuntamientos han solicitado información sobre su operación, atribuciones y marco jurídico.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran las facultades que tienen las Patrullas Verdes, las áreas responsables de operarlas y la posibilidad de involucrar directamente a las corporaciones policiales municipales en tareas de vigilancia ambiental.
Fernández Lemmen Meyer consideró que el modelo podría extenderse mediante proyectos piloto, aprovechando la experiencia obtenida en Benito Juárez, donde la coordinación entre autoridades municipales y estatales ha permitido intervenir zonas afectadas por el abandono ilegal de residuos.
Sin embargo, advirtió que cada municipio deberá evaluar sus propias condiciones, debido a que la implementación dependerá de factores como presupuesto, disponibilidad de personal capacitado y recursos materiales para garantizar su operación.
