- La dirigente estatal, Cora Amalia Castilla Madrid advirtió que el caso podría sentar un precedente al permitir que los municipios cedan funciones clave bajo el argumento de incapacidad operativa
Rafael Pascual
El proceso para entregar el transporte urbano al Gobierno del Estado avanzó el pasado miércoles, cuando el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la firma de un convenio para ceder estas atribuciones y dar paso al sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI).
Tras esta decisión, el PRI en Quintana Roo advirtió que analiza impugnar el acuerdo al considerar que podría violar la Constitución.
En conferencia de Prensa, la dirigente estatal Cora Amalia Castilla Madrid señaló que la medida podría contravenir el artículo 115, que establece las facultades de los municipios en la prestación de servicios públicos.
“Se están debilitando las facultades municipales. Vamos a revisar jurídicamente porque podría haber una vulneración constitucional”, afirmó.
Indicó que aunque el Ayuntamiento aprobó la cesión, esto no elimina la posibilidad de una impugnación por afectar el equilibrio entre órdenes de gobierno.
El partido adelantó que revisa las vías legales una vez que el convenio sea avalado por el Congreso del Estado.
Castilla Madrid advirtió que el caso podría sentar un precedente al permitir que los municipios cedan funciones clave bajo el argumento de incapacidad operativa.
El convenio aún debe ser validado por el Congreso local y, de concretarse, podría derivar en un litigio constitucional.
