La senadora panista Mayuli Martínez Simón lanzó duras críticas contra Morena al señalar una “marcada diferencia” entre gobiernos que combaten al crimen organizado y aquellos que, aseguró, permiten su avance por acuerdos políticos y omisiones institucionales.
Durante su pronunciamiento, la legisladora por Quintana Roo afirmó que en México coexisten dos visiones opuestas: una que desmantela estructuras criminales y otra que las protege y tolera. Como ejemplo de la primera, destacó las acciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reconoció por enfrentar a grupos delictivos vinculados al narcotráfico.
Martínez Simón sostuvo que Morena mantiene una relación de complicidad con organizaciones criminales, lo que habría facilitado la infiltración de intereses ajenos a la ciudadanía en diversas estructuras de poder. Agregó que personajes ligados a ese partido han sido señalados públicamente por presuntos vínculos delictivos, por lo que exigió que las autoridades competentes esclarezcan los casos.
Cuestiona independencia de instituciones
La panista criticó la participación de integrantes del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas en actos públicos de Morena, al considerar que genera dudas sobre la independencia institucional y la separación de poderes.
También denunció el uso de recursos gubernamentales para promover actividades partidistas. Señaló que en Quintana Roo dependencias públicas difundieron eventos de partido a través de canales oficiales, práctica que calificó como una confusión entre funciones de gobierno y actividades políticas.
“México merece paz y seguridad”
La senadora afirmó que el principal desafío del país es impedir la injerencia del crimen organizado en procesos políticos y en la toma de decisiones públicas. Hizo un llamado a fortalecer las instituciones democráticas y a combatir frontalmente a los grupos criminales.
“La defensa de la soberanía nacional debe ir acompañada del combate a la delincuencia organizada”, declaró. Reiteró su exigencia de romper cualquier presunto vínculo entre actores políticos y organizaciones criminales, al considerar que el país requiere gobiernos comprometidos con la legalidad y la paz de las familias.
