El Gobierno de México presentó una propuesta para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988, con el objetivo de dotarla de nuevas herramientas para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La iniciativa incorpora mecanismos de restauración ecológica, reparación del daño y mayor participación de las comunidades.
La propuesta fue presentada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, durante la conferencia de prensa presidencial. La funcionaria explicó que el marco jurídico actual debe adaptarse a desafíos que no estaban contemplados hace casi cuatro décadas. “Necesitamos una nueva ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”, afirmó, al enumerar entre los nuevos retos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
Bárcena recordó que la LGEEPA data de 1988, cuatro años antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, que marcó un punto de inflexión en la agenda climática internacional. Por ello, consideró urgente actualizar la legislación para integrar avances científicos, tecnológicos y los conocimientos tradicionales. “No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, sostuvo.
Entre las principales novedades, la iniciativa prioriza la prevención sobre la sanción y contempla programas de restauración ecológica y conceptos de reparación ambiental que no existían en la ley original. “La prevención juega un papel muy importante en toda esta ley”, señaló Bárcena, quien indicó que se busca dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones frente a conflictos socioambientales, incluyendo evaluaciones ambientales estratégicas antes de grandes proyectos.
La reforma también incluye el acceso público a la información y a la justicia ambiental, el ordenamiento territorial, el saneamiento de ríos, la protección de especies y ecosistemas y el impulso a la economía circular para reducir residuos y aumentar el reciclaje. El nuevo modelo, explicó la secretaria, busca abandonar una visión centrada exclusivamente en la rentabilidad y vincular crecimiento económico, bienestar y protección de los recursos naturales. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó.
Un capítulo específico de la propuesta está dedicado a la protección de los defensores ambientales, un tema crítico en México, considerado uno de los países más peligrosos para quienes defienden el territorio. “El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”, concluyó Bárcena.
