- Entre 14 y 15 por ciento de los empresarios podrían estar expuestos a situaciones de extorsión, tanto mediante amenazas de grupos delictivos como a través de llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por funcionarios públicos para exigir dinero
Rafael Pascual
Aunque Quintana Roo registró una reducción en los indicadores de victimización e incidencia delictiva contra las empresas durante 2025, la extorsión continúa siendo uno de los principales riesgos para el sector productivo, que se ha visto obligado a incrementar sus inversiones en vigilancia y protección.
La presidenta de Coparmex Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, señaló que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirman que este delito sigue afectando la operación y las finanzas de los establecimientos, particularmente de las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con el organismo, las unidades económicas afectadas por algún delito disminuyeron de 3 mil 287 por cada 10 mil establecimientos en 2023 a 2 mil 233 en 2025, cifra inferior al promedio nacional de 2 mil 593. Asimismo, la incidencia delictiva pasó de 8 mil 851 a 3 mil 528 delitos por cada 10 mil negocios.
Sin embargo, esta mejoría estadística no se traduce necesariamente en menores gastos. Portillo Navarro explicó que los empresarios deben destinar recursos adicionales a cámaras de videovigilancia, equipamiento y medidas preventivas para proteger sus instalaciones y garantizar la integridad de sus trabajadores.
Estimó que entre 14 y 15 por ciento de los empresarios podrían estar expuestos a situaciones de extorsión, tanto mediante amenazas de grupos delictivos como a través de llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por funcionarios públicos para exigir dinero.
Aunque Coparmex no tiene reportes de empresas afiliadas que hayan cerrado directamente por este delito, reconoció que los gastos extraordinarios representan una presión financiera, especialmente para los establecimientos de menor tamaño, que deben cubrirlos sin descuidar sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
La dirigente advirtió que esta carga puede comprometer la permanencia de algunos negocios en la formalidad, al incorporar costos de protección que no estaban considerados en sus presupuestos.
En Quintana Roo, el organismo mantiene contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5 para comunicar incidentes y solicitar apoyo.
