- Carlos Barreiro, presidente del Colegio de Contadores de Cancún, advirtió que el principal riesgo radica en la concentración de funciones dentro de la propia autoridad, al ser la misma instancia que ejecuta el bloqueo la encargada de revisar los recursos de inconformidad
Rafael Pascual
La reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respalda las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo de cuentas bancarias ha generado preocupación en el sector empresarial de Cancún, ante la falta de mecanismos claros para impugnar estas medidas.
Carlos Barreiro, presidente del Colegio de Contadores de Cancún, advirtió que el principal riesgo radica en la concentración de funciones dentro de la propia autoridad, al ser la misma instancia que ejecuta el bloqueo la encargada de revisar los recursos de inconformidad.
“Está siendo juez y parte de la propia UIF para poder desbloquear las cuentas”, señaló, al considerar que esta situación abre un margen de incertidumbre jurídica para particulares y empresas.
Si bien reconoció que estas herramientas son necesarias para combatir delitos como el lavado de dinero y la delincuencia organizada, el dirigente alertó sobre la posibilidad de que su aplicación se extienda a contribuyentes sin controles suficientes, lo que podría derivar en excesos o incluso en su uso como mecanismo de presión fiscal.
En este contexto, Barreiro recomendó a las empresas reforzar sus procesos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como medida para reducir riesgos.
“La preocupación es que esto pueda extenderse a un particular sin los acotamientos necesarios. El primer paso es demostrar que se opera dentro del marco legal, con controles claros y conocimiento del origen de los recursos”, puntualizó.
Finalmente, destacó que la implementación de estos controles implica una carga administrativa adicional, particularmente para las pequeñas y medianas empresas; no obstante, subrayó que su adopción resulta clave para garantizar la continuidad operativa y evitar contingencias legales.
