- La expansión de este mercado informal continúa representando un desafío para las instituciones encargadas de proteger las áreas naturales, debido a la facilidad con que los operadores promocionan y comercializan sus servicios mediante herramientas digitales
Rafael Pascual
La operación irregular de entre 30 y 40 embarcaciones al día en zonas protegidas de Quintana Roo mantiene en alerta a las autoridades ambientales, que enfrentan crecientes dificultades para frenar el llamado pirataje náutico, impulsado por plataformas digitales de renta de yates.
Arturo González, director de la Reserva de la Biosfera Manglares de Nichupté de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), advirtió que la proliferación de embarcaciones particulares que ofrecen servicios turísticos sin los permisos comerciales correspondientes representa uno de los principales retos para la regulación y conservación de los ecosistemas costeros.
“Constantemente tenemos la presencia de yates particulares que están ofreciendo servicios de renta a través de plataformas, y eso es lo más complicado que tenemos en este momento, sobre todo en términos de poder regular esa actividad”, señaló.
Explicó que el uso de aplicaciones y plataformas digitales, tanto nacionales como extranjeras, ha facilitado la comercialización de recorridos y rentas de embarcaciones fuera del marco legal, lo que dificulta la supervisión por parte de las autoridades competentes.
Además de incumplir con la normativa turística y marítima, estas embarcaciones suelen evadir requisitos ambientales y de seguridad indispensables para navegar dentro de áreas naturales protegidas, poniendo en riesgo ecosistemas sensibles de la entidad.
Ante esta situación, la CONANP mantiene operativos de vigilancia permanentes en puntos estratégicos como la Costa Occidental de Isla Mujeres, donde personal de la dependencia realiza recorridos diarios para detectar actividades irregulares.
De acuerdo con González, en cada jornada se identifican entre 30 y 40 yates operando en la zona, por lo que se procede a elaborar los reportes correspondientes y dar vista a las autoridades marítimas federales.
“Nosotros lo que hacemos es denunciar y retirar. Hacemos las denuncias y los reportes tanto a Capitanía de Puerto como a la Prefectura”, puntualizó.
El funcionario reconoció que la expansión de este mercado informal continúa representando un desafío para las instituciones encargadas de proteger las áreas naturales, debido a la facilidad con la que los operadores promocionan y comercializan sus servicios mediante herramientas digitales.
