Más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han sido privatizadas en la Península de Yucatán: CCMSS

por Redaccion
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La Jornada Maya/Abraham Bote

Holbox, Tulum y Playa del Carmen, algunos ejemplos donde ha ocurrido el cambio de propiedad, En por lo menos 30 años, más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, revela el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales, que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial, ha sido promovido por una ‘mafia agraria’ con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, afirmó Gabriela Torres-Mazuera, quien realizó el informe en colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet.

Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, “el control empresarial abusivo ejercido por la ‘mafia agraria’ entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 comenzaron a surgir resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras”, precisó CCMSS.

Para Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la resistencia viene no sólo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras. “La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país.

Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rápidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes, es decir: jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, afirmó.

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