Empresarios gasolineros en México denunciaron públicamente una amplia red oficial de “derecho de piso” y “moches” orquestada, presuntamente, por funcionarios y exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que se sumarían entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos.
Representantes de cerca de 6 mil establecimientos de gasolineras decidieron alzar la voz luego de haber aportado unos 2 mil 500 millones de pesos durante este sexenio para poder mantenerse en operación y no ser clausurados bajo excusas ilegales por autoridades federales.
Los empresarios decidieron poner un alto a los “moches” y “extorsiones” que presuntamente se realizan desde la Profeco, por lo que además de hacerlo públicamente anunciaron que estudian la forma de emprender acciones penales.
“Los moches” se pagan cada mes, una parte en efectivo y otra en cuentas bancarias de lo que denominaron el “Grupo Monterrey”, en el que supuestamente se encuentran enterados al más alto nivel de la Profeco.
Hombres de negocios del sector de los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán señalaron al ahora exsubprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza Profeco, Cuauhtémoc Villarreal Martínez, de presuntamente encabezar la red de moches y extorsiones.
La denuncia que sería presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), establece que desde diciembre del 2018, cuando Cuauhtémoc Villarreal pertenecía a la Profeco, les obligaron a aportar recursos económicos como una forma de poder pasar las verificaciones a sus estaciones de servicio.
En diciembre del 2022 los servidores públicos aumentaron la cuota el doble, presuntamente cobrando casi 90 millones de pesos ese mes; y aunque el Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza fue destituido del cargo, la red de moches sigue operando actualmente.
Los inconformes denunciaron que el nuevo Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Víctor Hugo López Aranda, mantuvo la misma estructura y los moches y extorsiones siguen sin ser detenidos.
La Profeco anunció en mayo del 2022 el cese del subprocurador jurídico, Francisco Javier Chico Goerne Cobián; de Diego Sandoval Ventura, director general de oficinas de defensa del consumidor, y de MariJhose Nava Covarrubias, directora general de verificación y defensa de la confianza de combustibles.
Aunque no se informó de manera oficial el motivo de la separación del cargo de los personajes, fuentes internas de Profeco confiaron que se debió a las constantes denuncias contra sus actuaciones profesionales. El Independiente/Víctor Hugo Arteaga
