- Ariadne Song Anguas, presidenta del Colectivo Xtabay, afirmó que deberá ir acompañada de mayor presupuesto, capacitación para las instituciones y políticas públicas enfocadas en la prevención, a fin de garantizar atención oportuna a las víctimas y acceso efectivo a la justicia para sus familias.
Rafael Pascual
Endurecer las penas y homologar la legislación sobre feminicidio en todo el país será insuficiente si no se fortalecen las acciones de prevención, atención integral y acompañamiento a las víctimas, consideró Ariadne Song Anguas, presidenta del Colectivo Xtabay.
Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es unificar en las 32 entidades del país las sanciones, los protocolos de investigación y las medidas de atención a las víctimas. La propuesta plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión e incorpora 19 agravantes que permitirían aumentar las condenas cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o mujer embarazada.
Song Anguas señaló que la iniciativa representa un avance para fortalecer el marco jurídico contra la violencia feminicida; sin embargo, afirmó que deberá ir acompañada de mayor presupuesto, capacitación para las instituciones y políticas públicas enfocadas en la prevención, a fin de garantizar atención oportuna a las víctimas y acceso efectivo a la justicia para sus familias.
La activista advirtió que, sin una estrategia integral, las reformas legales tendrán un impacto limitado para disminuir la incidencia de este delito y atender las causas estructurales que generan la violencia contra las mujeres.
Asimismo, planteó la necesidad de abrir el debate sobre las sanciones aplicables a adolescentes involucrados en delitos de alto impacto. Como ejemplo, recordó el doble feminicidio ocurrido en Felipe Carrillo Puerto, donde los presuntos responsables son menores de edad y, de acuerdo con la legislación vigente, la pena máxima que podrían enfrentar es de cinco años de internamiento.
En ese sentido, consideró necesario revisar el marco jurídico para este tipo de casos, con el propósito de que las sanciones sean acordes con la gravedad de los delitos, sin dejar de respetar los principios del sistema de justicia para adolescentes.
