- Patricia de la Peña, presidenta del Consejo del Grupo Hotelero Original Group, advirtió que aumentar el costo de entrada al país sin comparar la carga fiscal de México con la de otros destinos internacionales representa un riesgo, particularmente en una temporada en la que el flujo de visitantes no atraviesa su mejor momento
Rafael Pascual
Mientras el Gobierno federal y los legisladores mantienen sin pronunciamiento público la propuesta de elevar 35.8% el Derecho de No Residente (DNR), el sector empresarial de Quintana Roo sostiene su rechazo al incremento y exige medir primero el impacto que tendría sobre la competitividad turística del país.
Patricia de la Peña, presidenta del Consejo del Grupo Hotelero Original Group, advirtió que aumentar el costo de entrada al país sin comparar la carga fiscal de México con la de otros destinos internacionales representa un riesgo, particularmente en una temporada en la que el flujo de visitantes no atraviesa su mejor momento.

“El hacer incrementos nada más porque sí, sin tener un análisis de cómo están los demás destinos internacionales, es riesgoso”, señaló.
La empresaria subrayó que el impacto no recaería únicamente en el turista, ya que la actividad turística mantiene una amplia cadena económica que involucra hoteles, restaurantes, transporte, alimentos y bebidas, servicios y proveedores de distintas industrias.

“Lo más importante es que entienda el Gobierno que el turismo es una industria sumamente importante porque no solamente genera turistas, sino que está entrelazada con miles de industrias”, sostuvo.
A la inconformidad por el incremento se suma el cuestionamiento sobre qué ocurrirá con los recursos recaudados. De la Peña pidió que si finalmente se aprueba el aumento, una parte sea destinada nuevamente a promoción turística y que exista transparencia sobre su aplicación.
La propuesta incluida en el Paquete Económico 2027 contempla elevar por segundo año consecutivo el DNR que pagan los turistas que ingresan al país por vía aérea, al pasar de 983 a mil 334.80 pesos, es decir, 351.80 pesos adicionales por visitante.
El proyecto establece que 50% de la recaudación se destinaría a la Sedena y proyectos de infraestructura bajo su control, 26% al Instituto Nacional de Migración (INM) para gastos operativos y 24% a la Tesorería de la Federación.
En esta primera propuesta presupuestal no aparece una partida específica para promoción turística, precisamente uno de los principales reclamos de los organismos empresariales de Quintana Roo.
De esta manera, mientras la propuesta avanza en el proceso de discusión del paquete económico, el sector turístico mantiene sobre la mesa dos exigencias: medir el impacto del incremento antes de aprobarlo y transparentar el destino de los recursos, especialmente aquellos que originalmente estaban vinculados con el fortalecimiento de la actividad turística.
